Da: "Nello Margiotta" A: Oggetto: CHILE:Campaña de reparación para torturados Data: giovedì 20 giugno 2002 17.56 Gustavo González SANTIAGO, jun (IPS) - Unas 500.000 personas fueron torturadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero transcurridos 12 años del retorno de la democracia ese delito sigue en el olvido y la impunidad y las víctimas no han recibido ningún tipo de reparación. La Comisión Etica contra la Tortura, que agrupa a 13 organizaciones y a numerosas personalidades del ámbito de los derechos humanos, está empeñada en lograr que se dicte una ley de reparaciones jurídicas, morales y materiales a los sobrevivientes de maltratos de agentes represivos. La Comisión, creada en marzo de 2001, espera finalizar este mes la recolección de miles de firmas entre la ciudadanía en apoyo a ese proyecto de ley y de otras iniciativas de su plataforma de lucha. El nacimiento de la entidad coincidió con el décimo aniversario del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que en marzo de 1991 hizo público de manera oficial los delitos documentados de desapariciones forzadas y asesinatos de presos políticos cometidos por la dictadura de Pinochet. "Este informe dejó fuera los otros atropellos (dictatoriales), tales como el exilio, la relegación (confinamiento territorial) y la tortura que afectó a cientos de miles de personas", dijo Claudio Escobar, uno de los activistas de la Comisión Etica contra la Tortura. La tortura ha quedado "en la impunidad y el olvido" en Chile, lo cual implica "una absoluta falta de justicia para los torturados", agregó Escobar. Los maltratos físicos y psicológicos para arrancar confesiones y delaciones a detenidos fueron un engranaje fundamental de la estrategia para neutralizar a los opositores al régimen surgido del cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. "En los campos de concentración y centros de reclusión la tortura se situó en el centro de la acción represiva de la dictadura. La desaparición forzada de personas y las ejecuciones de prisioneros fueron el resultado de acciones que se iniciaban con la aplicación del tormento", indicó Escobar. Hasta la fecha son muy pocos los casos de torturadores que han trascendido a la opinión pública y que hayan derivado en algún tipo de sanción para ellos. En febrero de 2001, tres ex presos políticos denunciaron que el general Hernán Gabrielli, en ese entonces segunda jerarquía de la fuerza aérea de Chile, fue torturador en 1973 en la base de Cerro Moreno, en Antofagasta, 1.200 kilómetros al norte de Santiago. Carlos Bau, Héctor Vera y Juan Ruz sostuvieron que Gabrielli maltrató al ingeniero Eugenio Ruiz-Tagle, ejecutado en octubre de 1973 por la llamada " caravana de la muerte". El ministro del Interior, José Miguel Insulza, desaprobó la denuncia contra Gabrielli y recomendó a las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas limitarse a llevar ante la justicia solo los casos de presos políticos desaparecidos o asesinados durante la dictadura. Gabrielli demandó judicialmente a Bau, Vera y Ruz por supuesta injuria, apoyado en la ley de Seguridad del Estado, que otorgaba derechos especiales a altos funcionarios públicos y mandos militares, pero en junio los tribunales declararon inadmisible la querella. En octubre, en oportunidad de la renovación del almo mando de la fuerza aérea, el presidente Ricardo Lagos vetó la permanencia de Gabrielli en el cuerpo de generales, con lo cual lo obligó a acogerse a jubilación. Felipe Agüero, ex preso político y actual director de Estudios de Graduados de la Universidad de Miami, denunció en marzo del año pasado en carta al Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, de Santiago, como torturador a Emilio Meneses, académico de esa entidad. Meneses, cientista político y ex oficial de la armada, negó los cargos aunque admitió que en octubre de 1973 trabajó como "interrogador" en el estadio nacional, transformado en campo de presos políticos luego del golpe de Estado de septiembre de ese año. El asunto pareció quedar en el olvido, pero en marzo de este año trascendió discretamente que la Universidad Católica había decido cancelar el contrato de Meneses. Los dos casos reseñados son parte de las pocas excepciones en la generalizada impunidad que favorece a los torturadores de la dictadura, cuyos casos no son considerados por los tribunales pese a centenares de acusaciones presentadas ante la justicia. La Comisión Etica contra la Tortura pretende "lograr que el Estado chileno reconozca que la tortura es un crimen, que en nuestro país se ha practicado masivamente". "El sentido de la reparación moral (de las víctimas) y del reconocimiento público (de la tortura) generará, a nuestro juicio, las bases para evitar la repetición de esta práctica en nuestro país y por tanto el inicio de su erradicación", planteó Escobar. La Comisión postula la restitución de derechos civiles y políticos a todos los ex prisioneros políticos que mantienen inhabilitaciones en ese sentido, derivadas de juicios en tribunales militares y civiles con base en confesiones obtenidas bajo torturas. La organización plantea igualmente que el Estado debe garantizar un debido y permanente tratamiento médico y psicológico para los sobrevivientes de torturas. Lograr que quienes han practicado la tortura sean inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo en el aparato del Estado, incluyendo las instituciones militares y policiales, es otro de los puntos de la plataforma de lucha de la Comisión. Los activistas demandan también una aplicación cabal en Chile de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, firmada paradójicamente por Pinochet en las postrimerías de la dictadura. Se trata ahora de que Chile ratifique el protocolo facultativo de esa Convención, que permite visitas a cárceles y otros lugares de detención para vigilar que no se produzcan maltratos de presos. Tanto las autoridades como la ciudadanía deben "generar intolerancia a toda forma de violencia pasada y actual de parte de agentes del Estado contra las personas", sentencian los activistas de la Comisión. En su último informe anual, Amnistía Internacional, la organización humanista con sede en Londres, se hizo eco de informes de maltratos en centros policiales de Chile contra detenidos, pero tanto el gobierno como el cuerpo de Carabineros rechazaron esos cargos. El 26 de junio fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura en el Mundo. Ese día, la Comisión Etica contra la Tortura realizará una manifestación pública frente al palacio presidencial de La Moneda para exigir que el gobierno de Lagos acoja sus demandas ************************************************** Nello change the world before the world changes you because another world is possible