Da: "Nello Margiotta" A: Oggetto: Corrupción en Chile: los "gastos reservados" del gobierno Data: mercoledì 19 febbraio 2003 0.18 18 de febrero del 2003 La Tercera En enero de 2002 el entonces jefe de gabinete de Insulza [Ministro del Interior] le reveló al juez Zepeda que Interior le pagaba con gastos reservados al analista ["de inteligencia" Lenín Guardia, hoy preso por una serie de "crímenes del oficio"] Con este antecedente se le restringen las posibilidades a La Moneda de argumentar ante el juez Carlos Aránguiz que los gastos reservados son secretos y que informar sobre ellos sería incurrir en un delito [como si la posible comisión de crímenes se pudiera ocultar invocando la ley - un argumemto que no es ajeno a "la cultura de la dictadura" que impera en el país y que han adoptado en su manejo a las espaldas de la ciudadanía "los hijos políticos de Pinochet" actualmente en el gobierno]. El magistrado se encargó ayer de inquietar aún más al oficialismo al señalar que "en la medida en que se está investigando un delito, estos fondos dejan de ser reservados". ****** La advertencia de Tombolini a La Moneda sobre la intención del juez Desde hace un mes que La Moneda sabía que el ministro en visita Carlos Aránguiz estaba investigando el uso de fondos reservados, a través de mensajes enviados por el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, procesado por cohecho en el caso coimas. En el interrogatorio del 6 de enero en Rancagua, el juez mostró un persistente interés por conocer el origen de los depósitos mensuales que recibía el ex subsecretario. Ese día el magistrado le consultó a Tombolini por el origen de unos depósitos mensuales de $ 1.600.000 que registraba su cuenta corriente en los tiempos en que era funcionario público. Aunque el procesado personero podría haberse escudado en las leyes que impiden hablar sobre el origen de esos fondos, para despejar cualquier duda respecto de que podía tratarse de una coima, le dijo a Aránguiz que eran gastos de representación y, de acuerdo con su información, se originaban en fondos reservados de la Cancillería. Aránguiz, que antes había obtenido una respuesta parecida de Cruz cuando le preguntó por los sobresueldos, obtuvo así el argumento para comenzar a investigar esa área tan sensible para el gobierno. En la citación del jueves 6 de febrero, el magistrado volvió a interrogar a Tombolini sobre el tema, inquiriendo detalles sobre qué persona le depositaba el dinero. Cuatro días después abrió una causa por malversación de caudales públicos y envió un oficio al Ministerio de Hacienda recabando antecedentes sobre todos los gastos reservados del gobierno. ****** El juez del caso coimas, Carlos Aránguiz, tocó esta semana una de las hebras más sensibles de La Moneda: los gastos reservados del gobierno. Bajo el delito de malversación de caudales públicos, el magistrado rancagüino abrió el lunes pasado una nueva causa para investigar el uso de tales fondos para el pago de sobresueldos de altas autoridades durante la actual administración. Tras reuniones de alto nivel encabezadas por el Vicepresidente José Miguel Insulza, en Palacio adoptaron la misma estrategia utilizada cuando a mediados de diciembre pasado el ex ministro Carlos Cruz admitió que recibía una remuneración extra proveniente de los gastos reservados: resaltar el carácter secreto de éstos y el impedimento legal que tienen los funcionarios públicos para dar a conocer sus usos específicos. Sin embargo, Aránguiz se encargó ayer de agregar un motivo más de preocupación al gobierno al señalar que el argumento de La Moneda -esgrimido primero por el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y luego por Insulza de que no se pueden dar a conocer los gastos reservados porque sería incurrir en un delito- constituye "un error parcial". En esa misma línea, un episodio ocurrido en enero de 2002 en el marco del caso Lenin Guardia derriba por completo la línea de defensa esbozada el jueves por Eyzaguirre, en orden a que los fondos reservados no se pueden informar. También echa por tierra el argumento de Insulza de que "hablar de gastos reservados sería cometer un delito". Primeras negativas El lunes 14 de enero de 2002 fue un día tenso para La Moneda. Guillermo Miranda, jefe de gabinete de Insulza, fue citado a declarar por segunda vez ante el ministro de fuero Jorge Zepeda, a cargo del caso de las cartas-bomba enviadas a la embajada de Estados Unidos y a la oficina del abogado Luis Hermosilla en septiembre del 2001. El objetivo del magistrado era dilucidar una contradicción entre los dichos del personero y los del ex analista de inteligencia Lenin Guardia. Desde que cayó detenido, en noviembre de 2001, Guardia utilizó un arma que dejó en una incómoda posición a La Moneda: le reconoció al juez que era un informante pagado del Ministerio del Interior. Pese a que en un comienzo el gobierno negó insistentemente tener vínculos con los responsables, las investigaciones del ministro Jorge Zepeda fueron develando lo contrario. La posición de Palacio se hizo insostenible cuando el analista reveló que a pocos días del atentado sostuvo una reunión con Guillermo Miranda en el Hotel Carrera. Un hecho que obligó a los ministros políticos a reconocer que mantenían contactos "informales" con Guardia. El nerviosismo palaciego se intensificó el 9 de enero de 2002, cuando Zepeda interrogó durante una hora a Miranda en La Moneda. Según consta en un cuaderno secreto del expediente, el entonces jefe de gabinete de Insulza y hoy como director de área de la OIT en México negó cualquier relación con el cuestionado analista. Tras la diligencia, el magistrado se trasladó de inmediato a la ex Penitenciaría para cotejar su testimonio con el del ex agente, descubriendo serias contradicciones. En una jugada estratégica, esa misma noche citó al funcionario de gobierno para un nuevo interrogatorio. Día: 14 de enero. Lugar: Corte de Apelaciones. La confesión de Miranda Tras una serie de análisis internos, en La Moneda se determinó que Miranda podía reconocer que los informes de Guardia eran cancelados con dineros provenientes de los gastos reservados de la cartera de Interior. Ante Zepeda, el personero socialista no sólo admitió que Lenin Guardia mantenía una relación permanente y remunerada con esa secretaría de Estado. Como confirman altas fuentes de gobierno, Miranda admitió que entre abril y septiembre del 2001 se le pagó con cargo a fondos reservados $ 500 mil mensuales a cambio de informes sobre política, algunos de los cuales eran entregados personalmente en la casa de Insulza. En la oportunidad, La Moneda evitó referirse a las nuevas revelaciones. El viernes pasado, en tanto, La Tercera intentó comunicarse con el Vicepresidente y se le dejó un recado, pero no fue posible ubicarlo. La investigación de Zepeda -en la cual declararon por oficio el ex vocero de gobierno Claudio Huepe, el subsecretario del Interior Jorge Correa y el Presidente Lagos, concluyó el 24 de septiembre del 2002, con la condena en primera instancia de Guardia y López Candia a 10 años y 300 días de presidio como autores de delitos terroristas, que tenían por objetivo crear un clima de inseguridad en el país para que aumentara la necesidad de servicios de inteligencia. La revelación de Miranda cobra vigencia hoy a raíz de la investigación del ministro Aránguiz sobre el pago de sobresueldos con gastos reservados. Esto, luego de que el ex subsecretario Patricio Tombolini reconociera que las remuneraciones extra que recibía provenían de fondos que maneja la Cancillería (ver recuadro). Con el episodio del caso Lenin Guardia, contenido en el cuaderno secreto del expediente, el gobierno tendría un margen menor para poder responderle al magistrado que los gastos reservados no pueden ser informados, porque su secreto está resguardado por ley. El magistrado no descarto que cite a declarar a secretarios de estado Juez Aránguiz dice que si hay delito, fondos reservados deben ser revelados El juez Carlos Aránguiz se encargó ayer nuevamente de encender las luces de alerta en La Moneda, al afirmar en Rancagua que lo señalado primero por el titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y luego por el Vicepresidente José Miguel Insulza, en cuanto a que dar a conocer los gastos reservados es un delito, constituye un "error parcial". Esto, porque "los fondos reservados, en la medida en la que se está investigando un delito, dejan de ser reservados en una parte". Sin embargo, el magistrado señaló que prefiere creer que esos dichos son sólo "conjeturas" y cosas "que se dicen al pasar". Frente a las complicaciones que su nueva investigación estaría acarreando a La Moneda, Aránguiz se disculpó precisando que "yo no puedo evitar las consecuencias de lo que es el cumplimiento de mi deber" y agregó que ésta "no debiera causar inquietud a nadie porque lo único que yo estoy haciendo son investigaciones puntuales, acotadas respecto a hechos que tienen aparencia de delitos". Aunque muchos en el gobierno pensaron que luego de inhabilitarse en el escándalo MOP-Gate, el ministro Aránguiz se limitaría a investigar el caso coimas y dejaría de ser una amenaza para el Ejecutivo, ni los más pesimistas podrían haber aventurado que menos de 20 días después el magistrado intensificaría su amenaza a La Moneda con dos investigaciones que pueden convertirse en problemas igual o superiores a los que generó el caso Gate. Desde fines del 2002 los pasos del juez han sido causa de inquietud para La Moneda y si la atención hacia ellos decreció a principios de febrero, nuevamente el gobierno debe seguirlos detenidamente, porque volvieron a ser tan impredecibles como entonces. Aránguiz no ha desechado ninguna de las líneas investigativas, abiertas en los testimonios de los procesados, que apunten a zonas estratégicas del gobierno, como las indagaciones acerca de Gate debido a que uno de sus procesados, el ex subsecretario Patricio Tombolini, recibió dinero de esa empresa de servicios externos del MOP. Entonces atacó un ministerio estrella del Presidente Lagos y mandó a prisión a Carlos Cruz, hombre de confianza del Mandatario, que lleva más de un mes en la cárcel. El 20 de enero la intensidad del problema decreció, pero Aránguiz quedó con las manos libres para seguir removiendo "las piedras que pueden estallar en la cara", como definió estos antecedentes con sus cercanos en vísperas de tomarse unos días de descanso. Al alcance tenía la causa 56.288, abierta el 18 de noviembre pasado, el mismo día que también inició el sumario sobre Gate, que indagaba el uso de fondos reservados en el Ministerio Secretaría General de Gobierno durante 1994, cuando su titular fue el procesado diputado PPD Víctor Manuel Rebolledo. Para llegar a estos hechos se sirvió del testimonio del ex jefe de gabinete de Carlos Cruz, Alejandro Chaparro, entonces colaborador del desaforado parlamentario en una campaña electoral interna del PPD, donde ambos apoyaron la candidatura de José Auth a la secretaría general del partido. El cuaderno fue caratulado como malversación de fondos, pues presuntamente Rebolledo habría ofrecido a militantes de su tienda, en una reunión en el sur donde también estuvo Chaparro, dinero de los fondos reservados a cambio de apoyar la candidatura de Auth. "Que los fondos reservados sean utilizados para fines particulares al menos constituye una malversación", comentó una fuente que conoce la dirección de las diligencias. Tanto para Rebolledo como para Chaparro, ambos procesados en investigaciones del magistrado, el delito no ha prescrito si el juez halla indicios suficientes para una nueva encargatoria de reo. Enviado por Instituto Cono Sur ************************************************** Nello change the world before the world changes you because another world is possible