Da: "Nello Margiotta" A: Oggetto: Ecuador: Oposición generalizada a privatizaciones Data: giovedì 14 marzo 2002 17.47 ALAI, América Latina en Movimiento 2002-03-08 Ecuador: Oposición a privatizaciones Sally Burch La conflictividad social en Ecuador está subiendo de temperatura en torno al proyecto de privatización de las distribuidoras eléctricas y frente a la situación de desamparo en la cual se encuentran las provincias alejadas de las grandes urbes. En las últimas semanas, el gobierno de Gustavo Noboa, cuyo mandato termina en enero próximo, ha puesto el acelerador para lograr la venta del 51% de las acciones de 17 empresas distribuidoras de electricidad. Es más, parece dispuesto a hacerlo aunque tenga que pasar con aplanadora sobre los serios reparos expresados, ya no solamente por los sindicatos del sector y los movimientos populares, sino por buena parte de los consejos provinciales del país, la Asociación de Municipalidades, sectores políticos y amplios sectores de opinión. Desde el año pasado las organizaciones indígenas y sociales han venido desarrollando una serie de acciones y movilizaciones en oposición a la venta de las eléctricas, pero la polémica alzó de tono al iniciarse marzo, cuando se dio a conocer el precio base de venta de las empresas y se anunció la fecha de la subasta para el 12 de abril próximo. Luego de un avalúo internacional, se fijó el precio del 51% de las acciones de las 17 empresas en apenas unos 380 millones de dólares. Diversos sectores consideran que el bajo valor es un atraco al país, pues se trata de empresas con negocio en marcha, y que otras empresas de la región se han vendido en un valor por usuario tres o cuatro veces mayor. El propio gerente del Fondo de Solidaridad, instancia en cuyas manos están las acciones del Estado y cuyos ingresos deben destinarse a obras sociales, ha expresado su inconformidad. Existen también cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, expresados incluso por sectores empresariales. Al menos 10 de los consejos provinciales concernidos, principalmente los de la Sierra y Oriente, han sumado sus protestas y declinado vender en la subasta las acciones que ellos detienen en las distribuidoras. El movimiento es encabezado por la Provincia del Azuay (Sierra Sur) y el municipio de su capital, Cuenca, que han reclamado que el gobierno entregue las acciones estatales para que las manejen las instancias de gobierno local, alegando que la empresa local es solvente. Las autoridades nacionales argumentan que el esquema de la dolarización obliga al Estado a dejar de subvencionar el consumo eléctrico. No obstante, se han cerrado a considerar otras opciones propuestas para reformar el sector sin privatizarlo. Su intento para ganar la opinión pública a su favor, argumentando que la privatización conllevará a mayor eficiencia, y por lo mismo a una rebaja en las tarifas al usuario, ha resultado poco convincente, cuando desde hace meses se está alzando progresivamente las tarifas (más del 30% en total) para ofrecer un ingreso apetitoso a los inversores. Máxime que el resultado de la subasta podría ser la creación de un monopolio privado. El enfrentamiento se ha llevado también al plano legal. Organizaciones sociales e indígenas han planteado un recurso en el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que el gobierno estaría desacatando un fallo anterior (diciembre 2000) del TC que declaró inconstitucional la venta del capital del Fondo de Solidaridad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales han anunciado nuevas movilizaciones para las próximas semanas. Paros Entre tanto, en las provincias que sufren mayor marginación, el descontento sigue en aumento frente al abandono por parte de los poderes centrales. Hacia fines de febrero, las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, zona afectada por la cercanía de la guerra en Colombia, declararon un paro total de actividades para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el régimen hace más de una año, con un medida similar. El régimen se inclinó por la línea dura: la militarización de la zona. Luego de 10 días de enfrentamientos violentos, que dejaron un saldo de dos muertos y una decena de heridos, el gobierno se vio obligado a negociar una salida, que contempla recursos para el crédito agrícola, vialidad, desarrollo social y solución a los apagones diarios. Para las semanas que vienen, otras provincias están amenazando asimismo ir al paro, y si el gobierno va adelante con la subasta de las empresas eléctricas, las movilizaciones podrían estallar en todas partes; una situación que arriesga convulsionar al país si las autoridades responden con actitudes prepotentes y soluciones autoritarias. Nello change the world before the world changes you because another world is possible www.peacelink.it/tematiche/latina/latina.htm