Da: "Nello Margiotta" A: Oggetto: PERU:Manifestantes contra privatizaciones aceptan tregua Data: giovedì 20 giugno 2002 17.55 Abraham Lama LIMA, 19 jun (IPS) - La misión oficial enviada por el gobierno de Perú al meridional departamento de Arequipa logró este miércoles acordar una tregua con las autoridades locales y los líderes de las protestas contra privatizaciones del sector eléctrico. El acuerdo alcanzado por el grupo encabezado por el obispo católico Fernando Ruiz de Somocurcio, tras 24 horas de conversaciones, fue considerado por el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, como "un instrumento para recuperar la normalidad en la ciudad". Los disturbios se iniciaron hace cinco días en Arequipa, la segunda ciudad en importancia de Perú y capital del departamento del mismo nombre, luego de que el gobierno anunciara que la compañía belga Tractebel había comprado en una subasta las empresas estatales Egasa y Egesur, por 167 millones de dólares. Los delegados del gobierno de Alejandro Toledo se comprometieron a congelar la privatización hasta que la justicia se expida sobre el amparo presentado la semana pasada por el municipio de Arequipa, aceptado en primera instancia. La comuna arequipeña argumentó en la presentación judicial que las empresas Egasa y Egesur son de propiedad de esa región y no del Estado peruano. "Permítanme decir que el pueblo arequipeño ha triunfado, pero hay todavía un camino por recorrer, que proseguiremos para recuperar la gobernabilidad y afirmar la democracia, dentro del marco de respeto a la dignidad y a la voluntad popular", declaró Guillén. Por su parte, el primer vicepresidente, Raúl Diez Canseco, que integra la misión, pidió disculpas al pueblo arequipeño por la situación, tras leer la llamada "declaración de Arequipa", suscrita por los enviados del gobierno de Toledo y las autoridades comunales de la zona. Las protestas iniciadas en Arequipa, ubicada a 1.050 kilómetros al sur de Lima, se extendieron luego a las también meridionales localidades de Puno, Cusco, Tacna y Moquegua. Por otra parte, comenzó este miércoles una huelga general del transporte en rechazo a un decreto del gobierno que obliga a las empresas del sector a contratar seguros en favor de los pasajeros, mientras los productores agrícolas preparan movilizaciones en reclamo de protección arancelaria y créditos. La cadena de huelgas y movilizaciones callejeras erosionan aún más la popularidad del presidente Alejandro Toledo, que asumió el 28 de julio de 2001 con fuerte apoyo y ahora sólo recoge la adhesión de 22 por ciento de los consultados en las últimas encuestas. Toledo enfrenta en estos momentos tres cuestiones cruciales, como son el futuro de las privatizaciones, la gobernabilidad del país y el manejo de la convulsión social iniciada en Arequipa, señaló un artículo publicado hoy en el diario El Comercio. Los arequipeños se oponen al proyecto de privatización de las empresas de generación eléctrica de la zona y piden que sean administrada de manera autónoma por las autoridades que surjan de las elecciones regionales convocadas para el 17 de noviembre. Las protestas callejeras ya dejó como saldo la muerte del estudiante Edgar Pinto a manos de la policía y un centenar de heridos, entre ellos Fernando Talavera, "en estado vegetativo y muerte cerebral" según los médicos del hospital Honorio Delgado. En ese marco, fue apedreado el martes el autobús en el que viajaban el obispo Ruiz de Somocurcio, el primer vicepresidente, Raúl Diez Canseco, y los ministros Nicolás Lynch, de Educación, Diego García, de Relaciones Exteriores, y Aurelio Loret, de Defensa, el ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, y el sacerdote Gastón Garatea, todos miembros de la misión oficial. El alcalde Guillén había exigido que el presidente Toledo pidiera "disculpas al pueblo arequipeño por haberlo engañado en su campaña electoral", y propuso como solución una consulta popular sobre las privatizaciones del sector eléctrico. Pero Bruce respondió que el gobierno no aceptará el referendo propuesto por Guillen, "porque no se puede gobernar consultando a la población cada decisión administrativa". Mientras, en Tacna, ciudad ubicada en la frontera con Chile, los enfrentamientos ya cumplen su tercer día consecutivo, y en Moquegua se congregaron grupos de campesinos para interrumpir el tráfico de trenes desde las minas cercanas. También las actividades fueron paralizadas por 48 horas a partir de este miércoles en Puno y en Cusco en apoyo a las demandas contra las privatizaciones y para exigir el cese del estado de emergencia y el control militar decretado a comienzos de semana en Arequipa. Las protestas del sur del país pusieron, además, en alerta a los habitantes de la septentrional ciudad de Iquitos, la más importante de la amazonía peruana, ubicada a 1.500 kilómetros de Arequipa. El Frente Patriótico de Loreto, organización regional autonomista, convocó a una marcha contra de las presuntas intenciones del gobierno de Toledo de privatizar la empresa de energía eléctrica local. La Federación de Estudiantes del Perú emitió un comunicado este miércoles pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, a quien responsabiliza de la muerte de Pinto y de la agonía de Talavera, y en demanda del cese de la política de privatizaciones. El plan de privatización de las empresas de generación de energía eléctrica y de los servicios de agua y alcantarillado divide a los partidos representados en el Congreso legislativo. Parlamentarios de los partidos oficialistas Perú Posible (PP) y Frente Independiente de Moralización (FIM) y del opositor Unidad Nacional (UN) expresaron objeciones y rechazo al proceso de venta de empresas de servicios públicos. El legislador Jesús Olaechea, del PP, pidió la renuncia de Rospigliossi "por la sangrienta represión policial al pueblo de Arequipa", pese al pedido en contrario del propio Toledo. La división en filas de los partidos de gobierno llevó a que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobara el martes una moción que propone suspender el proceso de privatizaciones. Sin embargo, Bruce y el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, confirmaron este miércoles que las subastas seguirán. "Necesitamos expandir las inversiones en el importante campo de la generación eléctrica y el Estado carece de recursos, no queda otro camino que privatizar a las empresas del sector para atraer capitales", apuntó Quijandría. En Lima, los partidos de izquierda se oponen al anunciado proyecto gubernamental de vender Sedapal, la empresa de agua potable y alcantarillado de la ciudad ( ************************************************** Nello change the world before the world changes you because another world is possible