Da: "Nello Margiotta" A: Oggetto: URUGUAY:Primer preso por desaparición forzada Data: sabato 19 ottobre 2002 9.24 Darío Montero MONTEVIDEO, 18 oct (IPS) - Un canciller de la dictadura impuesta en Uruguay entre 1973 y 1985 fue procesado este viernes con prisión por la desaparición en 1976 de Elena Quinteros, que fue arrebatada por las fuerzas de seguridad del jardín de la embajada de Venezuela, donde intentaba refugiarse. El procesamiento de Juan Carlos Blanco, que también fue senador por el gobernante Partido Colorado, es el primero por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar. La desaparición de Quinteros, una maestra que militaba en el sindicato del magisterio y en una organización política de izquierda, determinó la ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela con la dictadura uruguaya. La justicia había desactivado en 1989 todos los procesos en curso al respecto a raíz de la confirmación ese año en plebiscito de una ley de amnistía en favor de militares y policías participantes en la represión dictatorial. Sin embargo, el juicio iniciado en 1985 a pedido de María del Carmen Almeida, madre de Quinteros, fue desarchivado por la justicia ante una nueva presentación en 2000, que atendió esta vez pruebas que señalaban a civiles, entre ellos a Blanco, no amparados por la ley de amnistía. El secretario de Derechos Humanos de la central única de trabajadores PIT-CNT, Luis Puig, dijo a IPS sentirse muy satisfecho con la decisión judicial, pues no sólo culmina un gran esfuerzo de familiares y de la propia organización sino que marca un antecedente para otros casos aún impunes. Los abogados del PIT-CNT colaboraron estrechamente con Almeida, fallecida en 2001, para reactivar la investigación sobre el destino de Quinteros, convencidos de que la justicia debía atender el argumento de que el delito no prescribe hasta que el cuerpo de la maestra no aparezca y que, además, estaban acusados civiles. Puig precisó que la doctrina del delito permanente en casos de desaparición forzada de personas está contemplada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), del cual Uruguay es parte. Esa postura jurídica también es defendida por miembros de la Suprema Corte de Justicia y otros especialistas locales y de varios organismos internacionales. Precisamente, ese es uno de los aspectos destacado en el caso Quinteros por el abogado Javier Miranda, integrante de la organización uruguaya de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Miranda explicó a IPS que si el cuerpo de la maestra, que según testimonios murió mientras era torturada en un cuartel militar, fuera encontrado, no se podría condenar a los imputados porque el expediente cambiaría la carátula de desaparición para constituirse en homicidio simple, un delito que ya prescribió. Esa posibilidad podría llevar a militares que actuaron en la represión a revelar el lugar donde fueron sepultados los desaparecidos, lo cual dejaría sin castigo el secuestro y asesinato de Quinteros, pero, a su vez, podría dar un giro sustancial al trabajo de la Comisión para la Paz. Esta Comisión, conformada por distintas personlidades, fue creada por el presidente Jorge Batlle en 2000, al comienzo de su mandato, para atender el insistente reclamo de esclarecimiento del destino de los casi 160 uruguayos desaparecidos en el país y en el exterior, la mayoría en Argentina. El juez penal Eduardo Cavalli procesó este viernes a Blanco por coautoría de privación ilegítima de libertad. El delito de desaparición forzada no está incorporado al derecho penal uruguayo. En la causa por la desaparición de Quinteros también han sido acusados Julio César Lupinacci, entonces embajador uruguayo en Caracas y hasta junio de este año representante ante el Vaticano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el ex vicecanciller Michelin Salomón y Alvaro Alvarez, funcionario de ese ministerio. Blanco, Michelín y Alvarez, junto con jefes de las Fuerzas Armadas de la dictadura, decidieron no atender el reclamo de Venezuela de que regresaran a su embajada en Montevideo a Quinteros, secuestrada el 28 de junio de 1976. Según el testimonio de varios detenidos, Quinteros fue llevada de la embajada venezolana a un cuartel, donde fue sometida a torturas y posiblemente también violada. Además, el ex militar Sergio Pintado aseguró en 1998, ante el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Marabotto, que la maestra había sido asesinada entre 1980 y 1981, y su cuerpo enterrado bajo la plaza de armas del Batallón de Infantería Blindados número 13, ubicado en las afueras de Montevideo. Pintado confirmó así versiones anteriores de otros ex militares que aceptaron atestiguar públicamente sobre la existencia de un cementerio clandestino en esa dependencia del ejército. También describió cómo otros dos presos políticos fueron ejecutados a balazos en 1982 cuando eran trasladados desde una cárcel hasta Montevideo. Señaló igualmente que en la despoblada Isla de Flores, ubicada en el Río de la Plata frente a las costas de la capital uruguaya, fueron enterrados 86 cadáveres de desaparecidos. Otros habrían sido sepultados en el Cementerio del Norte de Montevideo y un grupo de ocho (cinco mujeres y tres hombres) en el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército, de donde luego fueron removidos. Pero, por otra parte, testimonios anteriores de ex presos políticos que compartieron prisión clandestina con la maestra aseguran que ésta habría sido asesinada en julio de 1976, poco después de su captura en el jardín de la embajada de Venezuela. También coinciden con lo afirmado por Pintado en que su cuerpo había sido enterrado en el Batallón de Infantería Blindados número 13. En 1985, otro ex soldado, Ariel López Silva, narró ante organizaciones humanitarias uruguayas que él había participado en el entierro en los predios de ese cuartel de cuatro o cinco cuerpos de desaparecidos, de los cuales uno, "por su peso", podría haber sido el de una mujer. Finalmente, en 1997, el general retirado Alberto Ballestrino confió al senador Rafael Michelini, hijo de un ex legislador uruguayo secuestrado y ejecutado en Argentina en 1976, que el Batallón de Infantería Blindados número 13 había servido de cementerio clandestino bajo la dictadura. Pero el Poder Ejecutivo invocó en esa ocasión que la ley de amnistía de 1986 y confirmada en 1989 para negarse a realizar investigaciones sobre esos y otros datos nuevos que fueron apareciendo con el correr de los años sobre el destino de los desaparecidos. En la actualidad, la Comisión para la Paz trata de ubicar cuerpos de varios desaparecidos en Uruguay, cuyas torturas y muertes fueron comprobadas por investigaciones y testimonios secretos recogidos en los dos años de trabajo que finalizarán en diciembre ************************************************** Nello change the world before the world changes you because another world is possible