El canciller Luis Alfonso Dávila propuso este lunes que la Organización de
Estados Americanos se aboque a elaborar una Carta Social Americana,
inmediatamente después de la aprobación de la Carta Democrática, que será
sancionada mañana martes, por una Asamblea Extraordinaria de ese organismo,
en Lima.
La Carta Democrática, destinada a proteger la democracia en los 34 Estados
que forman la OEA, no fue suscrita en la anterior asamblea general, que se
celebró en Costa Rica, el pasado mayo, debido a que Venezuela planteó un
conjunto de objeciones.
Tras entrevistarse con el presidente peruano, Alejandro Toledo, Dávila
declaró a la prensa que la versión debatida en Costa Rica no establecía
relación entre democracia, pobreza y cultura, ni la necesidad de que las
mujeres tengan igualdad de oportunidades.
Según Dávila, la versión número 18, ahora sometida a consideración, "ha
superado el carácter punitivo de la versión" inicial, incluye el concepto de
"participación" y también considera el factor pobreza, que es la verdadera
amenaza sobre la democracia".
La versión inicial también incluía postulados que iban contra la propia
Carta de la OEA, "una cuestión que fue considerada por los órganos jurídicos
de la organización", señaló el Canciller.
"Se puede considerar que la participación de Venezuela ha sido determinante
en la redacción del texto definitivo, y que aunque aún se puede perfeccionar
la carta, la versión a punto de ser aprobada es muy distinta a la número
siete", agregó.
El ministro venezolano declaró además que las relaciones entre Venezuela y
el Perú han vuelto a la normalidad tras el incidente diplomático que sucedió
a la confusa detención del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en
Venezuela.
La carta democrática será aprobada al parecer en los términos en que fue
sancionada, la semana pasada, por el Consejo Permanente de la OEA, según han
declarado diversos portavoces de esa organización.
El documento señala que la democracia es un derecho de los pueblos
americanos y establece con precisión normas y reglas dirigidas a prevenir y
sancionar futuras rupturas del orden democrático en los países de América.